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Nueve de cada diez menores internados en el centro Zambrana de Valladolid se reinsertan

La Junta cuenta con dos centros propios y otro seis colaboradores, en los que apuesta por la socialización y reforma de los jóvenes, y en los que atendió en 2018 a casi 300 menores

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Miriam Chacón / ICAL Un interno en la sala de lectura del Centro de Menores Zambrana

 

El 92 por ciento de los menores internados en el Centro Regional Zambrana de Valladolid se reinserta en la sociedad en su etapa adulta, mientras que solo uno de cada diez reincide en delitos, algunos de ellos en los mismos que motivaron su primer ingreso y siempre en función del escenario de origen. Así lo puso de manifiesto hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien sentenció que el objetivo es mejorar aún más esa cifra durante una visita realizadas a las instalaciones y a los diferentes talleres de un espacio que, calificó, es “referencia” en la Comunidad en la ejecución de medidas privativas de libertad acordadas por los jueces de menores y constituye un modelo a seguir a nivel nacional.

Blanco, acompañada de la directora general de Familias, Infancia y Atención ala Diversidad, Esperanza Vázquez, señaló que esta instalación, dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales, cuenta con 68 plazas, de las que actualmente 65 están ocupadas, una de ellas por un menor extranjero no acompañado. Además, el 90 por ciento se corresponde con varones y ocho de cada diez son de nacionalidad española.

La directora del centro, Clara Cano, quien ejerció de anfitriona por los pasillos y talleres, explicó que el éxito de la reinserción “depende principalmente del menor”, pero también de la situación familiar o del lugar de origen con “aspectos desfavorecidos que no ayudan a esa inserción”. “Por ello, nos centramos en su formación, porque tienen más posibilidades de ejercer fuera y de no caer de nuevo”, sostuvo Cano.

Entre los internos también algunos han tenido problemas de drogas, que “atraviesan el inicio del camino en Zambrana”. “Aquí les leemos la cartilla continuamente. Pero luego depende de ellos siempre”, insistió. Otros sufren dificultades terapéuticas y necesitan tratamiento. En algunos casos se les diagnostica en el propio centro y en otros se les impone rutinas para tomar los medicamentos oportunos, pues fuera del centro “se saltaban las tomas”.

En todo caso, reiteró que el hecho de que hayan pasado por este centro “no debería jugar nunca en contra” como si fuera un estereotipo, pues la Administración “no pone en ningún certificado que ha sido así”. Sin embargo, prosiguió Cano, “muchas veces son los propios jóvenes los que hacen gala de haber pasado por allí”.

 

Diferentes regímenes

En el Centro Zambrana se desarrollan medidas de internamiento impuestas por los juzgados de Menores, establecidas en función de la gravedad del delito cometido. Así, la consejera estableció que en régimen cerrado se encuentra una decena de menores actualmente, 30 en semiabierto, cuatro en régimen abierto, 18 en internamiento terapéutico y uno en permanencia de fin de semana. Para prestar la atención necesaria, detalló Blanco, el Centro Regional Zambrana actúa en permanente coordinación con jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mantiene una “estrecha” cooperación con las consejerías de Educación y Sanidad.

La consejera explicó que dispone de dos áreas diferenciadas, reforma y socialización, que funcionan como sendos centros independientes en la atención que prestan a los menores y en los que trabajan 200 personas, que se refieren al centro como “colegio”, que atiende anualmente a unos 200 menores.

Así, al área de intervención de reforma para menores que cumplen medidas judiciales impuestas por los Juzgados llegan jóvenes que han cometido una infracción, mientras que socialización acoge a jóvenes protegidos con graves problemas de conducta, que aunque no han cometido un delito cuentan con un expediente administrativo por presentar alteraciones de conducta, tales como escaparse de casa, situaciones de agresividad con los padres o no acudir a sus clases de forma regular. Para su ingreso es necesaria la autorización judicial de los Juzgados de Familia.

 

Miriam Chacón / ICAL La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, junto a la directora del Centro de Menores Zambrana Clara Cano, en el aula del taller de mecánica

“El aspecto exterior del centro, dadas las medidas de seguridad, con altos muros, cámaras, vigilantes y control de accesos, puede inducir a un centro de internamiento, pero el interior alberga un amplio conjunto de servicios y personal cuyo principal objetivo es la reinserción social”, sostuvo la consejera.

 

Área de reforma

Los jóvenes están separados por módulos, en función de la edad, sexo o tipo de régimen y los tipos de infracción más frecuente por el que ingresan son el delito de lesiones, contra la libertad sexual y el robo con violencia o intimidación, que suponen el 58 por ciento del total. Además, se ha registrado una tendencia a la baja en el número de menores atendidos dentro de esta zona en los últimos años, pasando de los 210 menores en 2015, a los 160 en 2018 y los 140 que se habían ayudado a 30 de noviembre de 2019.

En reforma, los menores aprovechan su estancia para realizar actividades formativas, educativas, deportivas. Además el cumplimiento de las medidas judiciales se complementan con el desarrollo de programas de intervención en el área psicológica, pedagógica, social, educativa, de prevención de comportamientos violentos y de inserción laboral, con talleres prelaborales de carpintería, automoción, jardinería y albañilería, dado que muchos de ellos proceden de escenarios, añadió Isabel Blanco, de “fracaso escolar”.

La edad media de los menores internos que cumple alguna medida es de 16,5 años, con entre cinco y cinco meses y medio de estancia habitual. Aunque el ingreso se reserva para jóvenes que hayan cometido hechos delictivos de entre 14 y 18 años es posible que el cumplimiento de la pena se prolongue más allá de esta edad. Así, en estos momentos se contabilizan dos jóvenes con 19 y 20 años en el centro al considerar el juez que la reinserción se cumple mejor en una instalación de menores que en una prisión.

 

Área de socialización

El Zambrana es también el único centro de la Comunidad para la atención a menores con problemas de conducta. Estos jóvenes residen en un área compuesta por cuatro hogares con capacidad para 19 personas, donde se trabaja con ellos la adquisición de nociones básicas de conducta con un régimen semiabierto, con permisos que permiten salir al exterior pero con la obligación de regresar al centro.

Actualmente hay seis menores, uno de ellos es un menor extranjero no acompañado. A diferencia de la zona de reforma se observa un ligero incremento en el número de atendidos en los últimos años, pasando de los 23 menores en 2015, a los 38 de 2018 y los 39 registrados a 30 de noviembre del pasado año.

 

Atención en Castilla y León

Blanco explicó que tres son los ejes de trabajo dentro del Área de Atención a menores infractores en Castilla y León: prevención de conductas delictivas, ejecución de medidas impuestas por los jueces de menores (a mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de delitos) y apoyo a la inserción. Esto se acompaña con otras actuaciones como el programa de actuación en casos de conductas violentas dentro de ámbito familiar y el de la lucha contra la discriminación, que se desarrolla en colaboración con la Fundación Diagrama.

Castilla y León cuenta con ocho centros para menores infractores, que suman un total de 131 plazas para llevar a cabo las medidas privativas de libertad y convivencia en grupo educativo: dos son centros propios (el Zambrana y Los Manzanos, que cuentan con 92 plazas y están ubicados en Valladolid) mientras que seis son espacios colaboradores, que cuentan con 39 plazas y se encuentran en Burgos, León, Salamanca, Zamora y Valladolid. Estos centros atendieron en 2018 a casi 300 menores de Castilla y León.

Para la ejecución de medidas no privativas de libertad, la Comunidad dispone también de unidades de intervención educativa (UIE), dependientes de las gerencias territoriales de Servicios Sociales, en cada provincia, salvo en Segovia y Soria, donde se encuentran conveniadas con la Diputación Provincial y Cruz Roja, respectivamente. Además, para mejorar la red de recursos y dispositivos se han firmado convenios de colaboración con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, de los que 67 están vigentes en la actualidad.

En 2018 se ejecutaron más de 1.500 medidas no privativas de libertad en Castilla y León y se llevaron a cabo más de 1.700 actuaciones del programa de prevención a la delincuencia y apoyo a la inserción social.

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