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Condenada una abogada de Palencia por falsificar documentación para una clienta

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

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La Audiencia Provincial de Palencia condenó a una abogada a la pena de tres meses y un día de prisión, así como a la multa de seis meses y un día con una cuota diaria de diez euros, además de la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, durante el mismo tiempo de la multa, por un delito de falsedad en documento privado y otro de deslealtad profesional. A mayores, la sala absolvió a la acusada del delito de estafa y del delito de apropiación indebida, según la sentencia facilitada por fuentes judiciales. No obstante, la decisión no es firme por cuanto cabe interponer contra ella recurso de apelación para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La denunciante, vecina de Málaga, se interesó en adquirir una vivienda en la localidad palentina de Grijota, donde suscribió un contrato privado de compraventa para adquirir una de las viviendas que la empresa Promotora HRM Palencia SL, estaba construyendo en dicha localidad, abonando tras la firma del contrato, en varios plazos la cantidad de 37.260 euros, a cuenta del total del precio convenido.

Una vez finalizada la construcción y llegado el plazo de entrega y elevar a escritura pública la compraventa, la denunciante comunicó a la vendedora que no podía hacer frente al resto que quedaba por pagar e interesó de la vendedora la devolución de lo que había abonado a cuenta del precio final. Al no conseguir su propósito buscó asesoramiento en Málaga, al contactar con un abogado a quién encargó recuperar, en lo posible, las 37.260 euros. Este letrado se puso en contacto con el abogado de la empresa HRM Palencia SL, sin llegar a un acuerdo.

La relación se limitó a recordar las condiciones del contrato de compraventa suscrito por su patrocinada y la compradora, exigiendo bien el pago del resto del precio a la entrega de la vivienda en la fecha convenida, o en su caso, la pérdida de la cliente en favor de la vendedora de las cantidades entregadas a cuenta, puesto que la denunciante decidió no seguir adelante con el cumplimiento del contrato. Poco después, ambos letrados, redactaron un documento por el que acordaban resolver el contrato suscrito renunciando la compradora a los 37.260 euros abonados como parte del precio de la vivienda.

 

Abogada palentina

La afectada, al no estar convencida, contactó en noviembre de 2011 con la abogada condenada de Palencia, quien aceptó el caso comprometiéndose a promover un acto de conciliación con la promotora, para lo que le pidió una provisión de fondos de 300 euros más IVA, en total 360 euros. Tras no prosperar dicho acto de conciliación, la propuso llevar a cabo un procedimiento monitorio contra la constructora promotora HRM Palencia SL , solicitándole nueva provisión de fondos, en total 1500 euros, quedando la abogada en darle noticias puntuales y remitirle copia de la demanda y de las resoluciones que se fueran dictando.

En el año 2012, al no tener noticias de la abogada, la denunciante le llamó en numerosas ocasiones al despacho profesional sin conseguir hablar con ella, ya que sólo lo hacía con la secretaria del despacho quien le daba cita para un día concreto, pero llegada la hora, la secretaria excusaba a la abogada alegando razones de agenda o su actuación en juicios. Transcurrió todo 2013 y gran parte de 2014, sin tener noticias del estado del juicio monitorio, por lo que en octubre de ese año, contactó con una letrada de Málaga, encargándole recabar información.

Telefónicamente la acusada confirmó a su colega de Málaga que había presentado el juicio monitorio frente a Construcciones y Promociones Palencia HRM SL, que su letrado había dejado pasar el plazo y el juicio había finalizando sin oposición que, a continuación, interpuso demanda ejecutiva por la suma de 37.260 euros, intereses y costas de la ejecución, por ello, el juzgado de primera instancia nº 5 de Palencia había dictado Auto despachado ejecución, el 2 de septiembre de 2014, si bien había llegado a un acuerdo extrajudicial con el abogado de Construcciones y Promociones HRM Palencia SL, comprometiéndose éste por su representada a abonar la cantidad reclamada en tres pagos, al confirmar la acusada a su colega de Málaga que el primer pago ya se había consignado.

La abogada de Málaga se lo trasladó a su cliente, lo que le originó cierto grado de asombro y no pocas dudas pues ella llevaba mucho tiempo solicitando información a la letrada, sin obtener respuesta y porque tampoco le había consultado lo del acuerdo extrajudicial. De esta forma, la abogada malagueña solicitó en varias ocasiones la copia de la demanda del juicio monitorio, de la sentencia, del auto despachando ejecución y del acuerdo extrajudicial. Ante su insistencia, la acusada el 8 de enero de 2015, le envió un e-mail confirmándole que HRM Palencia SL, había pagado el principal, y que le adjuntaba una copia del Auto de fecha 20 de septiembre de 2014.

 

Falsedad de documentos

A partir de esto, para justificar unos trabajos, que salvo el intento de llegar a un acuerdo con el abogado de la constructora, no había llevado a cabo, la abogada acusada confeccionó un Auto judicial utilizando uno de otro procedimiento que tendría por haber intervenido profesionalmente, en el que cambió los datos originales, le puso fecha de 20 de septiembre de 2014, el nombre de la ejecutante Ana María Burgalés Martínez, de la ejecutada HRM Palencia SL y del Juzgado de primera instancia nº 5 de Palencia. De esta forma, hizo constar que se despachaba ejecución a favor de la ejecutante por la suma de 37.260 euros de principal, intereses ordinarios y moratorios vencidos, mas otros 11.178 euros para intereses que pudieran devengarse en la ejecución y costas de la ejecución. Con el fin de disimular cualquier indicio de manipulación hizo una fotocopia del mismo y se la envió a la abogada malagueña.

En los meses siguientes realizó cuatro transferencias bancarias a la cuenta de la querellante por importes de 12.420 euros, el 5 de enero de 2015; 12.420 euros, el 5 de abril de 2015; 12.420 euros, el 13 de abril de 2015, hasta completar los 37.260 euros, y para dar apariencia a un asunto judicial inexistente, le remitió por carta certificada copias de las diligencias de ordenación, teóricamente dictadas en ejecución de título judicial 249/2014 por la Secretaria judicial del juzgado de primera instancia nº 5 de Palencia “ordenando librar mandamientos de pago por las cantidades consignadas -12.420 euros cada vez, a favor de la ejecutante”.

El día 2 de junio de 2015, Ana María Burgalés se trasladó a Palencia para contrastar los datos y documentación facilitada hasta el momento por la acusada pues seguía sospechando de su actuación profesional aún después de percibir el dinero de las transferencias, personándose en las dependencias del Juzgado de primera instancia e instrucción nº 5 mostrando la copia del Auto que le había remitido la acusada, comprobando sus funcionarios que no existía ningún procedimiento de ejecución nº 249/214 en el que ella apareciera como ejecutante y Construcciones y Promociones HRM Palencia SL, como ejecutada, y la misma comprobación negativa se hizo con el resto de los juzgados de primera instancia de Palencia.

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