Penas combinadas de 45 años de prisión para cuatro nigerianos por engañar a compatriotas para prostituirlas en Salamanca
La Audiencia Provincial atribuye a dos mujeres y sus dos hermanos los delitos de trata de seres humanos con fines de prostitución, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y, en algún caso, falsedad documental
La Audiencia Provincial de Salamanca condenó a cuatro nigerianos a penas combinadas de 45 años de prisión por engañar a al menos cuatro jóvenes compatriotas para prostituirlas en Salamanca. La sala atribuye a dos mujeres y sus dos hermanos los delitos de trata de seres humanos con fines de prostitución, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y, en algún caso, el de falsedad documental. Además, les obliga a abonar indemnizaciones conjuntas superiores a los 120.000 euros por las secuelas físicas y psíquicas, en distinto grado, que presentan las víctimas.
La líder del clan, que utilizaba rituales de vudú para coaccionar a sus compatriotas, está condenada a seis años y medio por tres delitos de trata de seres humanos relacionados con la prostitución a seis años y medio por cada uno de ellos, además de medio año por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por lo que su pena asciende a 20 años y medio de cárcel, en total.
El segundo condenado, hermano de la primera, está condenado a cinco años y medio de prisión por cada uno de los dos delitos de trata de seres humanos demostrados y seis meses más por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por lo que deberá cumplir un total de once años. Entre ambos, deben asumir más de 84.000 euros en concepto de distintas indemnizaciones a las víctimas.
La segunda mujer está considerada autora de un delito de trata de seres humanos con fines de prostitución por el que deberá cumplir seis años y medio de cárcel, a los que hay que añadir un años por el delito de falsedad. En último término, su hermano, también condenado en la trama, es considerado responsable de un delito de trata por el que deberá asumir cinco años y medio de cárcel, y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que le espera medio año más. Las indemnizaciones correspondientes a ambos ascienden a unos 50.000 euros.
Según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso Ical, la red buscaba mujeres en un estado de precariedad económica muy extrema, A lo largo del año 2016 y antes de principio de 2017, varias fueron captadas en su localidad de residencia en Nigeria por una mujer a la que se le conoce con el apodo de ‘Mama Glory’, ‘cabecilla’ de la trama, la cual, las reclutaba para su hermana, también condenada, que residió en Salamanca.
Una vez trasladadas a España, eran coaccionadas para el ejercicio de la prostitución mediante “presión, sumisión y doblegamiento de la voluntad” de las mujeres mediante el sometimiento a prácticas rituales muy enraizadas en su cultura, como el vudú, así que obedecían sus instrucciones y mandatos, entre ellos de no acudir a la Policía, ante el temor sentido de que, de no atenderlas, tanto ellas como los miembros de su familia podrían sufrir males en su salud física o mental o, incluso, la muerte.
El traslado de estas mujeres, según el documento judicial, fue realizado “en condiciones penosas”, atravesando Nigeria, y Libia, después, viaje en patera por el mar, y llegada a las costas de Italia, para luego pasar a Francia, antes de llegar a España. Una vez en Salamanca, las atribuían una deuda que debían de satisfacer mediante el ejercicio de la prostitución, amén de otra cantidad al mes como pago de alojamiento y comida, Así, los proxenetas señalaban las tarifas a cobrar a los clientes para ir detrayendo dicha deuda.
Se considera probado que las tres víctimas que testificaron en la sala llegaron a prostituirse, de lunes a viernes, en diversas calles de los extrarradios de la ciudad de Salamanca, en el barrio de Buenos Aires y Tejares, y los fines de semana los hacían en la ciudad de Valladolid, durante horarios muy amplios, sin poder negarse a atender a los clientes. Al final de cada jornada debían entregar todo el dinero obtenido.
La denuncia de la sobrina de una de las víctimas dio pie a una investigación que concluyó a finales de diciembre del año 2017, cuando la Policía Nacional irrumpió en dos inmuebles de la calle Topacio y el paseo de la Estación de Salamanca y detuvo a los responsables, liberando a las víctimas.
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