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La Junta subvenciona con más de 17 millones de euros los servicios deficitarios de transporte de viajeros por carretera como consecuencia del COVID-19

Además reclama al Gobierno Central fondos adicionales para a este sector, cuya demanda ha caído al 90%

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La Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la Junta aprobó hoy un gasto de casi 17,1 millones de euros, que incluye un fondo adicional de cerca de 4,2 millones de euros, para compensar “la excepcional pérdida de ingresos” sufrida en la explotación de los servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera durante el período de declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria, las restricciones a la movilidad con una caída del 90 por ciento en la demanda de usuarios.

Desde la Junta recordaron que el transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León está declarado como servicio público esencial tanto de uso general interurbano, así como al transporte rural y metropolitano, por lo que las Administraciones Públicas tiene que velar por asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de estos servicios.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina recursos al mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad con un esfuerzo económico anual que supera los 12,9 millones de euros, al ser un sector “muy atomizado” pero a la vez muy pegado al territorio y muy arraigado en el entramado social y empresarial de ciudades y pueblos. En total se subvencionan 235 concesiones de transporte público de viajeros, que afectan a 134 empresas, que emplean a más de 3.500 trabajadores directos.

 

Un servicio público quebrado por la crisis sanitaria

Desde la Junta explicaron que la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 “ha quebrado” y está “amenazando de manera grave” las concesiones de transporte regular de uso general”. Entre marzo y mayo, la limitación de la movilidad y la declaración del estado de alarma provocó, en Castilla y León, una caída de la demanda de viajeros en el transporte público superior al 90 por ciento, más el coste adicional producido por las necesarias limitaciones en la ocupación de los vehículos y las medidas de distanciamiento social impuestas por la autoridad sanitaria.

La consecuencia directa esta situación es una minoración sustancial de los usuarios y una reducción drástica de los ingresos de las concesiones de transporte en un 95 por ciento, quedando afectado sustancialmente su equilibrio económico financiero pero, advirtió la Junta, estos servicios se tienen continuar prestando en atención al interés general y cuyo objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos.

Ante esta situación excepcional como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 se estima que el déficit de explotación ordinario de los servicios de transporte previsto para el ejercicio de 2020 ascienda a 12,9 millones de euros. A este importe hay que añadir un cantidad adicional que asciende a casi 4,2 millones de euros para compensar la excepcional pérdida de ingresos sufrida en la explotación de los servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera desde el 12 de marzo, sumando en total casi 17,1 millones de euros.

Desde la Junta explicaron que “muy previsiblemente” las medidas de limitación de ocupación y distanciamiento social en el transporte público y la reducción de la demanda que se producirá a lo largo de los meses siguientes, según vaya evolucionando la crisis de COVID-19, provocarán un mayor déficit que el estimado hasta la fecha, lo que exigirá tramitar en su momento una petición para ampliar este gasto inicial.

 

Por provincias

Del déficit regional por el COVID-19 de casi 4,2 millones de euros, Salamanca ocupa el primer lugar con casi 1,2 millones de euros, con una variación interanual del 103,36 por ciento; le sigue Valladolid, con un déficit que también supera el millón (75,32 por ciento). En tercer lugar, León con 850.390 euros (28,23 por ciento).

Cifras muy parecidas en las provincias de Burgos y Palencia, con 257.587 y 257.567, respectivamente, con unas variaciones interanuales del 14,06 y el 16,8 por ciento. A continuación se sitúa la provincia de Segovia, con 242.644 euros (27,41 por ciento) y Zamora, con 234.197 euros (19,7 por ciento ). A gran distancia, Soria con 74.813 euros (7,4 por ciento) y Ávila con 31.631 euros (3,53 por ciento).

 

Reclamación al Gobierno Central

La Junta reclamó al Gobierno fondos adicionales para apoyar el transporte de viajeros, cuya demanda ha caído al 90 por ciento. Las estimaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en lo que resta de 2020, es que no se alcancen en la Comunidad “niveles demanda superiores al 60 por ciento”, añadiendo el coste adicional producido por las necesarias limitaciones en la ocupación de los vehículos y las medidas de distanciamiento social impuestas por la autoridad sanitaria.

La Junta confió en que su esfuerzo económico se vea acompañado por fórmulas extraordinarias de financiación a las Comunidades Autónomas desde el Gobierno de España, tanto para las ciudades, en el transporte urbano y el metro, como “especialmente” las necesidades del medio rural, siendo “urgente” poner su disposición esos fondos adicionales específicos para hacer frente al impacto económico derivado del COVID-19, al estar en juego el sistema concesional español, el tejido empresarial y social del transporte de viajeros en autobús y “todo el modelo de movilidad en transporte público existente en la actualidad y que tanto esfuerzo ha costado obtener”.

Estos fondos adicionales urgentes tienen que paliar la difícil situación de liquidez en que se van a encontrar de manera inmediata los operadores del transporte metropolitano o periurbano en cuanto se produzca el inicio del retorno gradual a la actividad económica, de ahí la importancia de concretar, por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las fórmulas precisas de financiación al transporte metropolitano, aunque presente otras estructuras diferentes a la consorcial, ya sean planes coordinados de transporte, convenios interadministrativos u otras fórmulas específicas de organización territorial.

 

Transporte a la demanda

Para la Administración regional estos fondos deben contemplar la ruralidad de los distintos territorios y la esencialidad del transporte rural y, de modo fundamental, modelos de gestión como el transporte a la demanda que permiten la conexión de los núcleos de población con los centros sanitarios y demás servicios esenciales que serán determinantes en la desescalada como “centinelas sanitarios” de una población envejecida y, por ello, con unos menores niveles de motorización privada.

En definitiva, subrayaron, la pandemia no puede romper el modelo de movilidad que con grandes esfuerzos se ha implantado en Castilla y León, ni debe servir para acabar con el consenso alcanzado entre todos, durante la Cumbre del Clima, sobre el futuro de la movilidad para “nuestros territorios”, basado en el transporte público y en el sistema concesional español “como garante de la igualdad de oportunidades entre los territorios y entre el mundo urbano y el rural”.

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