Los grupos Popular y de Vox elevan a rango de ley la Concordia, cuyo contenido sustituirá al Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera, con el objetivo de “honrar y proteger” a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978.
Después de registrar la proposición de ley de Concordia de Castilla y León, los portavoces de PP y Vox, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, explicaron en rueda de prensa el contenido de un texto con el que se cumple un apartado del acuerdo de gobierno firmado hace dos años por ambos partidos, que posibilitó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, y que esperan que esté aprobado por las Cortes en este periodo de sesiones que se cierra a finales de junio.
De la Hoz defendió que se haya decidido que sean las Cortes quienes aprueben la norma, cuando estaba en el ámbito de la Junta que en junio de 2022 comunicó que se iniciaba su tramitación, para fortalecer las medidas a través de una ley y porque “tiene más sentido” en relación con el contenido del acuerdo suscrito entre ambos partidos.
En cuanto a que se delimite el periodo entre 1931 (Segunda República) y 1978 (aprobación de la Constitución), el popular precisó que no se equipara a las víctimas de ambos regímenes, sino que se rechaza cualquier vulneración de los Derechos Humanos con independencia de “quién, cuándo y dónde”. Por su parte, el portavoz de Vox manifestó que existe una “interrelación historiográfica” entre los dos periodos.
Carlos Menéndez sostuvo que las nuevas generaciones han recibido “en muchas ocasiones una visión sesgada de la historia” a unos “enfrentamientos que puso fin” la Constitución, aseguró que el texto presentado es “bueno”, “sin ideologías, no divide y respeta con el mismo tratamiento a todas las víctimas” de ese periodo, ya que también se modifica la ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León de 2017 que contarán con un plan estratégico.
De la Hoz defendió que el texto registrado se inspira en el Decreto “pionero” de 2018, pero añadió que, tras la modificación estatal de 2022, se requería una nueva adaptación, modernización y actualización para “honrar y proteger”, ya que, en su opinión, había “una deuda” con los castellanos y leoneses que han sufrido “violencia política o social” durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista.
Ambos recalcaron que la norma no tiene “una visión sesgada ni frentista” de la historia, sino que se presenta como “un elemento integrador”, lo que no reconocieron a la ley estatal revisada en 2022. Para Menéndez, esta proposición de ley refleja “una forma de gobernar” de Vox, alejado de “posiciones sectarias” y en “defensa de España y su unidad ante quien divide y enfrenta”.
Novedades
Se mantiene la cooperación con las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro a los efectos de las autorizaciones para las exhumaciones, que contarán, como hasta ahora, con ayudas de la Junta, garantizó el portavoz popular. Como novedad, se crea la Comisión de Exhumaciones que tendrá un carácter resolutivo de los expedientes con criterios técnicos.
Así, será ese órgano colegiado, que presidirá el titular de la Consejería que ostente la competencia (en este momento Presidencia), quien se encargue de resolver las peticiones de exhumaciones, con lo que se sustituye al anterior Consejo Técnico como responsable de decidir sobre esas actuaciones.
En el reconocimiento de las víctimas, se contempla la elaboración, actualización y puesta a disposición de los interesados de un mapa de fosas y se establece como un derecho subjetivo la recuperación de las personas desaparecidas. “Toda víctima tiene derecho a la investigación, localización, exhumación e identificación de sus restos”, recoge textualmente el artículo octavo de la norma.
Respecto a que no haya representación de las asociaciones en la Comisión de Exhumaciones, que deberá constituirse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, De la Hoz precisó que realizan peticiones a un órgano de carácter resolutivo y por ello no pueden “ser juez y parte”.
La Administración de Castilla y León promoverá y facilitará todas las actividades dirigidas a la recuperación de restos de víctimas, tales como la investigación histórica y estudio documental, la indagación y recogida de testimonios personales, la prospección y búsqueda sobre el terreno, la exhumación de los restos, el estudio antropológico forense, el análisis genético y comparativa de ADN o la preservación y restitución a los familiares de los hallazgos encontrados.
En la exposición de motivos del texto, se recoge que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo. Tampoco se ha dado entre los historiadores”, significado por el portavoz de Vox en su turno para explicar la PPL.
Sin embargo, el Decreto de 2018 se inicia con una condena expresa de la dictadura franquista y de la represión, por lo que fue preguntado el popular, quien afirmó que sí existe una condena implícita de la Dictadura en el texto presentado.
La presentación de esta norma cierra uno de los puntos más polémicos del acuerdo de PP-Vox de marzo de 2022, para el que se marcó el compromiso de iniciar su tramitación “antes del 30 de junio” de ese año. Un día antes la Junta anunció, vía comunicado, que había comenzado sus trámites, si bien ya no se volvió a informar de sus pasos ni evolución.
Ayer PP y Vox comunicaron que este martes se registraría una proposición de ley en las Cortes, cuyo nombre decidieron mantener en secreto hasta la rueda de prensa de hoy de sus portavoces parlamentarios.
Respecto del plazo de aprobación, está previsto que sea en este periodo de sesiones, que termina a finales de junio, si bien ahora se tramitan los Presupuestos Generales de la Comunidad que tienen prioridad parlamentaria. Una vez admitida a trámite por la Mesa de las Cortes, se enviará a la Junta, que tiene 15 días, para que dé su conformidad. Se podrá incluir en el orden del día del Pleno para su toma en consideración. Después se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas parciales, tras cuyo debate llegará al plenario para su definitiva aprobación.