Sánchez recuerda que la subida del SMI, las pensiones y el sueldo de los funcionarios “están garantizados” pese a la caída de los PGE
La subida del SMI en un 22,3 por ciento, hasta los 900 euros, así como el aumento salarial de los funcionarios en un 2,25 por ciento fueron aprobados el pasado 21 de diciembre de 2018 por el Consejo de Ministros con sendos decretos, por lo que estas medidas entraron en vigor el 1 de enero de 2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó este viernes que, pese a la caída del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la revalorización de las pensiones con el IPC y la subida de las pensiones mínimas y la subida del salario de los empleados públicos “están garantizados” al haber sido aprobadas por decreto.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado esta mañana para determinar la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, Sánchez hizo balance sobre sus nueve meses de Gobierno y recordó que esas medidas seguirán vigentes pese a la no aprobación de los Presupuestos, ya que se aprobaron en forma de decreto ley, posteriormente convalidados por el Congreso de los Diputados, de forma independiente al proyecto de cuentas públicas.
La subida del SMI en un 22,3 por ciento, hasta los 900 euros, así como el aumento salarial de los funcionarios en un 2,25 por ciento fueron aprobados el pasado 21 de diciembre de 2018 por el Consejo de Ministros con sendos decretos, por lo que estas medidas entraron en vigor el 1 de enero de 2019.
En el caso de la subida salarial de los funcionarios, al 2,25 por ciento podría sumarse otra parte variable del 0,25 por ciento ligada a la evolución del PIB y otro 0,25 por ciento procedente de fondos adicionales.
También se mantendrán la subida de las pensiones en un 1,6 por ciento con carácter general y del 3 por ciento para las mínimas y no contributivas, así como el incremento de la base mínima para los autónomos, la subida de la base máxima de cotización o la penalización a los contratos de menor duración, al haber sido aprobados también por el Consejo de Ministros en diciembre y convalidados en enero por el Congreso de los Diputados.
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