Satse denuncia que la Junta “vacía de sanitarios las residencias de mayores”

El Sindicato de Enfermería SATSE en Castilla y León denunció que la nueva Ley de atención residencial que prepara la Junta de Castilla y León “tiene por objeto encubierto favorecer los intereses de las empresas privadas” al eliminar la obligatoriedad de que los centros gestionados por ellas cuenten con profesionales sanitarios, por lo que alertó que, con la nueva Ley, la Junta “vacía de sanitarios las residencias de mayores”.

SATSE Castilla y León envió por ello sus alegaciones al anteproyecto de Ley de atención residencial al presidente de la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno autonómico y a los diferentes grupos políticos en las Cortes regionales. Estas alegaciones se subirán también al Espacio de Participación de Gobierno Abierto de la Junta, de modo que puedan ser consultadas por el resto de la población.

SATSE basa su crítica en que la redacción del anteproyecto elimina la obligatoriedad de contar con sanitarios en los centros residenciales privados, como enfermeras y fisioterapeutas, con las consecuencias negativas que eso tiene, ya que “disminuirá la calidad de la asistencia que se da a las residentes de esos centros”.

El Sindicato de Enfermería alerta de que se pretenden eliminar profesionales sanitarios como las enfermeras y fisioterapeutas cuando son “absolutamente necesarios” para la realización de determinadas actividades y técnicas específicas que se llevan a cabo en los centros residenciales, como la administración de medicación, la realización de curas, los cuidados y cambios de sondajes y la valoración y cuidados integrales al anciano residente.

Además de eso, este anteproyecto, según Satse, “no hace mención expresa a las enfermeras especialistas en Geriatría”, una figura totalmente desaparecida de esta nueva Ley.

Sin embargo, pese a esto, la nueva normativa no implicará una reducción de la cuota que abonan los residentes ni el precio por cada plaza concertada que debe pagar la Administración autonómica a estas empresas que gestionan residencias concertadas, con lo cual, “se incrementará el beneficio de las mismas al no tener que contratar profesionales sanitarios”.

SATSE Castilla y León criticó por ello que la Junta “solo quiera favorecer los intereses privados sin tener en cuenta a su población”, en un momento en que “es sabido que hay numerosos fondos de inversión interesados en entrar en el negocio de las residencias de mayores y personas con dependencia”.

Por eso mismo, SATSE exigió a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que “rectifique este anteproyecto de Ley, que en nada beneficiará a la población mayor y con dependencia de Castilla y León”.