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Scayle se convierte en el primer centro de supercomputación español que acredita el cumplimiento de las exigencias legales sobre ciberseguridad

Se ha auditado que los sistemas, aplicaciones y procedimientos del centro garantizan la seguridad de los datos de los ciudadanos y empresas

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La Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, con sede en León, obtuvo en las últimas semanas la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad con categoría media, que otorga la entidad independiente AENOR, lo que le convierte en el primer centro de supercomputación de España que acredita oficialmente el cumplimiento de las exigencias legales sobre ciberseguridad.

El certificado lo obtuvo tras superar una auditoría de todos los sistemas de información que dan soporte a los servicios prestados en el centro, es decir, cálculo científico en superordenadores, Cloud Computing, comunicaciones avanzadas de la red de ciencia y tecnología de Castilla y León y almacenamiento de datos científicos.

De esta manera, la obtención de esta acreditación de AENOR garantiza a los ciudadanos y empresas destinatarios de los servicios de Scayle que los sistemas, aplicaciones, protocolos y procedimientos del centro reúnen las condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar su información, sus datos y sus derechos.

Scayle es una fundación creada por la Junta de Castilla y León y la Universidad de León, dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, para la mejorar las tareas de investigación de las universidades, los centros de investigación y las empresas de Castilla y León, promoviendo acciones de innovación en el mundo de la sociedad de la información, en el área de cálculo intensivo, las comunicaciones y los servicios avanzados, así como contribuir al desarrollo económico de la Comunidad y a la mejora de la competitividad de las empresas mediante el perfeccionamiento tecnológico.

El Esquema Nacional de Seguridad es un conjunto normativo que posibilita crear y mantener las condiciones necesarias de seguridad en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas que garanticen la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos, para facilitar el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes a través de estos medios.

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