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Isabel Blanco asegura el decreto para la Protección del Menor recoge las herramientas para detectar la desprotección y el maltrato

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades considera que el colectivo de menores es el prioritario para la Junta al ser “el más vulnerable”

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Concha Ortega / ICAL La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visita la Residencia de Acogida Marillac

 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, defendió hoy que el decreto para la Protección del Menor pretende garantizar la atención inmediata de los menores de riesgo, mediante la activación de los dispositivos adecuados que permitan detectar situaciones de desprotección o maltrato, en colaboración con las distintas administraciones públicas y entidades privadas.

El decreto, publicado hoy en Gobierno Abierto, promueve la protección a la infancia, colectivo más “vulnerable y débil y una prioridad para la Junta de Castilla y León”, según destacó la consejera, que apuntó que “la detección y la notificación de posibles situaciones de maltrato a la infancia es una labor que incumbe a toda la sociedad”, apeló.

Por este motivo, el decreto incide en la detección precoz de situaciones de riesgo o desamparo de los menores, la coordinación de los profesionales y la concienciación social.

El decreto también da garantía del anonimato de particulares que denuncien posibles situaciones de riesgo o desamparo y pone a disposición de los propios menores de edad los medios específicos para denunciar, como el ‘Teléfono 116 111’, que es gratuito y confidencial y en el que se presta ayuda a niños y adolescentes.

También regula la forma en que los profesionales, tanto de servicios públicos y privados o autoridades, pueden comunicar una posible situación de riesgo o desamparo y establece la obligatoriedad de elaborar protocolos de actuación en los ámbitos educativo, sanitario y de los servicios sociales en el marco de este Decreto, a fin de que los profesionales cuenten con la formación adecuada para detectar con eficacia situaciones de esta naturaleza y puedan llevar a cabo las actuaciones de manera coordinada.

El decreto contempla expresamente un marco de actuación en el ámbito de los servicios sociales y en el sanitario para que ningún menor será dado de alta en un hospital hasta que se reciba la resolución de la autoridad judicial correspondiente, del Ministerio Fiscal o de los servicios sociales competentes que hayan valorado el caso.

“Se pone a disposición de los menores todos los medios e instrumentos posibles como una red de centros de acogida operativa las 24 horas del día en cada provincia, para prestar la atención inmediata o de urgencia y se refuerza la implicación de los colegios profesionales en la sensibilización, información y formación de sus colegiados”, argumentó la consejera.

 

Residencia Marillac

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades visitó hoy Residencia de Acogida Marillac en Soria para reconocer la labor que realizan sus profesionales, en la protección a la infancia en casos de desamparo y a la hora de garantizar los derechos del colectivo más vulnerable. “Centros de este tipo constituyen un hogar ‘puente’ para los niños en el que encuentran afecto, vínculos y estabilidad hasta que se resuelve su situación definitivamente”, significó.

Precisamente ellos, según la consejera, llegan los menores tras agotar todos los mecanismos de protección, como programas de intervención que tratan de reconducir a la familia de origen. Además en estos centros la estancia es temporal ya que, aunque están perfectamente atendidos, lo mejor para ellos es que encuentren una familia de acogida cuanto antes.

La residencia de Acogida Marillac es de titularidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y la Junta de Castilla y León colabora en la concertación de 17 plazas para niños de hasta 12 años, por un importe anual de casi 358.000 euros. Su ocupación actual es de siete niños y de ellos cinco llevan residiendo en él, entre seis meses y un año. Además esta Residencia atiende anualmente a una media de 25 pequeños, aunque el pasado año se redujo esa cifra a 15.

Castilla y León cuenta con una red de recursos para garantizar la atención de los menores, de hecho existen 65 centros residenciales de este tipo, con 730 plazas (9 centros propios y 56 concertados). Concretamente en Soria, hay tres centros concertados con 34 plazas (17 en Marillac, ocho en Cruz Roja y nueve en Fundación Itaka Escolapios). A 31 de diciembre de 2019 en Castilla y León había 587 menores en acogimiento residencial, 29 de ellos en Soria.

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