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Desmanteladas las principales web de venta ilegal de medicamentos con ramificaciones en Valladolid

Los agentes han detenido a 33 personas y han realizado 17 registros en diferentes municipios de la provincia y de Alicante, Murcia, Madrid, Málaga, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Castellón, Palma de Mallorca y Valencia

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Agentes de la Policía Nacional, en el marco de dos investigaciones paralelas, han desmantelado la infraestructura de las principales web presuntamente dedicadas a la venta y distribución ilegal de medicamentos en España, que tenía ramificaciones en Valladolid.

 

 

En es sentido, según fuentes policiales, se detuvieron a 33 personas y se realizaron 17 registros en diferentes municipios de las provincias de Alicante (uno), Murcia (dos), Madrid (3), Málaga (3), Barcelona (uno), Sevilla (dos), Zaragoza (uno), Castellón (uno), Palma de Mallorca (uno), Valladolid (uno) y Valencia (uno).

Las dos organizaciones desmanteladas operaban utilizando medios tecnológicos avanzados y obtenían grandes beneficios con escaso riesgo –superando los tres millones de euros-, blanqueando posteriormente las ganancias de diferentes formas, entre otras, comprando moneda virtual.

Asimismo, y fruto de los registros, los agentes se intervinieron de más de 70.000 comprimidos/geles de medicamentos contra la disfunción eréctil, diversas sustancias estupefacientes –líquido GH, MDMA, cocaína, popper-, cientos de artículos informáticos y numerosas joyas de gran valor, entre otras cosas.

La investigación se inició en mayo de 2019 cuando los agentes detectaron las actividades de estos portales web para la venta de medicamentos en toda España, con el consiguiente riesgo para la salud. Si bien inicialmente su persecución resultó difícil, puesto que la mayor parte de las operaciones se realizaban contra reembolso -lo cual impedía la localización física de los investigados-, tras varias gestiones policiales, los agentes identificaron dos organizaciones criminales.

La primera de ellas estaba asentada en Murcia, Madrid y Alicante, mientras que la segunda -de origen inglés- operaba desde la Costa del Sol. Ambas se valían de expertos informáticos y utilizaban medios tecnológicos avanzados con la finalidad de, por un lado, favorecer la ejecución del delito y conseguir la impunidad de sus miembros, al tiempo que aumentaban el número de compradores; y por otro, dificultar la investigación policial mediante la adopción de fuertes medidas de seguridad.

En este sentido, hacían uso de aplicaciones de mensajería instantánea que contaban con métodos de encriptación y borrado de mensajes. Además, usaban conexiones VPN para dificultar su localización por IPs, y alojaban sus páginas web de farmacias virtuales en servidores offshore, ubicados en países ajenos a la jurisdicción europea o estadounidense.

Por otra parte, la investigación ha acreditado los “grandes” beneficios que obtenían con escaso riesgo. Las ganancias adquiridas por la venta de medicamentos ilegales superan los tres millones de euros, ya que su compra supone apenas unos céntimos por comprimido en países del sudeste asiático (principalmente la India) y su venta unitaria es de alrededor 4,5 euros, pudiendo ser incluso superior dependiendo del producto, la cantidad o el lugar de venta. Además, se trata de una actividad castigada con penas muy inferiores al tráfico de estupefacientes, por lo que constituye una actividad muy atractiva para las organizaciones criminales.

 

 

Por último, blanqueaban los beneficios obtenidos de diferentes formas, entre ellas, comprando moneda virtual a través de empresas de cambio o trasladando dinero en efectivo fuera de nuestras fronteras. También disponían de cuentas bancarias en países como Chipre o Andorra, y operaban mediante transferencias bancarias con conceptos que trataban de enmascarar los beneficios ilícitos. Otro método que utilizaban para blanquear el dinero consistía en comprar vehículos de alta gama en Alemania o reservar objetos de lujo que finalmente no adquirían, solicitando la devolución mediante transferencia con el pretexto de no residir en el país.

 

Grave riesgo

Por otra parte, la Policía recordó que el consumo estos medicamentos, y más concretamente el de aquellos destinados a tratar la disfunción eréctil, que son introducidos en España sin ningún control sanitario, así como su consumo sin la supervisión sanitaria, supone un grave riesgo para la salud por dos motivos principales.

En primer lugar, indicó que no pasan los controles de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, toda vez que no se han sometido a ningún tipo de control que asegure su composición ni calidad para ser consumidos. Además, se trata de medicamentos que requieren de prescripción médica, dado que no pueden ser consumidos por cualquier paciente (por ejemplo personas con cardiopatías) y pueden producir, además, interacciones con otros medicamentos.

Según los propios informes emitidos por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios sobre el análisis de estos medicamentos, suponen un serio atentado a la salud pública y su uso conlleva exponer al sujeto que los recibe a riesgos no justificables desde el punto de vista sanitario.

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