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Vox denuncia el envío de presos “conflictivos” a Castilla y León para “liberar” plazas en el País Vasco para etarras

El partido asegura que los funcionarios de prisiones pagan con su “seguridad” las “componendas” de Sánchez con sus socios

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Vox denunció hoy el traslado a cárceles de Castilla y León de presos comunes “conflictivos” procedentes del País Vasco para “liberar” plazas allí, con el fin de que estos centros penitenciarios puedan albergar a reclusos condenados por el terrorismo de ETA, tras el “fin” de la política de dispersión de estos reos por toda España.

El portavoz del Grupo Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, anunció que habían registrado una proposición no de ley para su debate en el próximo pleno con el fin de que la cámara autonómica inste a la Junta y ésta al Gobierno de España para que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “ceje” de utilizar los centros penitenciarios de Castilla y León para “derivar y concentrar aquí a los presos peligrosos de las cárceles vascas con el fin de pagar sus deudas políticas a sus socios de Gobierno”.

También, la iniciativa pide que se reconozca de forma inmediata como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones mediante la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y la creación de un estatuto propio que identifique sus funciones y competencias y permita el establecimiento de una carrera profesional.

Tras el “motín” en el centro de Mansilla de las Mulas (León), el portavoz de Vox aseguró que este tema es de “toda actualidad” ya que aseguró les preocupa la situación de los funcionarios de prisiones. Por ello criticó que la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, asegura que la situación en esta cárcel leonesa era de “absoluta normalidad”.

A su juicio, el PSOE pretende hacer pasar por “normales” hechos que consideraron “gravísimos” y que comparó con el “sometimiento a las demandas de los filoetarras”, las ocupaciones o los ataques del lobo a las cabañas ganaderas. Por ello, criticó el “turismo electoral” de los dirigentes sociales que acuden a Castilla y León, dijo, a “entrometerse” en asuntos sobre los que no tienen competencia, como a su juicio es la defensa del diálogo social.

Carlos Menéndez argumentó que en octubre de 2021 el Gobierno traspasó el control de las cárceles al Gobierno Vasco “con plenas competencias”, lo que unido al “fin” de la política de dispersión de presos de ETA, ha llevado a deshacerse de “presos conflictivos”, que han sido, a su juicio, derivados a las prisiones de la Comunidad, las “más damnificadas”, porque indicó que en Dueñas (Palencia), de los 770 internos, 340 proceden del País Vasco.

Indicó que se trata de presos clasificados de primer grado, pero “altamente conflictivos”, porque habían protagonizado “incidentes violentos” en el País Vasco. De hecho, como “datos concretos”, apuntó que en 2022 hubo 42 agresiones a funcionarios, multiplicándose por cinco en relación a 2021, sin tener en cuenta los casos leves que no requieren atención sanitaria y no conllevan una baja laboral.

Esto, explicó, ha conducido a que la prisión de Dueñas sea la quinta prisión de España con más agresiones y Topas (Salamanca), la sexta. Esto, señaló, es lo que les trasladan los trabajadores de las cárceles. “Los funcionarios de prisiones pagan a costa de su seguridad las componendas” de Pedro Sánchez con sus socios vascos.

Además, criticó que el PSOE haya ampliado en más de 40 ocasiones en el Congreso de los Diputados el plazo de enmiendas sobre una propuesta para reconocer a estos funcionarios como agentes de la autoridad. A su juicio, el Gobierno usa su seguridad “como moneda de cambio”, lo que explica en su opinión el incremento de altercados y agresiones. Por ello, consideró “urgente” que se tomen medidas para hacer frente a las necesidades de mayores recursos y para mejorar sus condiciones de trabajo.

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