La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, avisó hoy en Valladolid al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de que si no repone el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), el Gobierno de España acudirá a la justicia. “En democracia, cuando el diálogo no funciona, el único recurso es ir a los tribunales”, aseveró.
Y es que Díaz aseguró, tras mantener una reunión en la Delegación del Gobierno en Valladolid con los principales responsables de los sindicatos mayoritarios y la patronal en Castilla y León (UGT, CCOO y CEOE), que la decisión de la Junta de eliminar el Serla es “muy grave” ya que “fulmina el Diálogo Social” y la posibilidad de cumplimiento de la legislación laboral vigente.
“Hay una parte de la reforma laboral, aprobada con el visto bueno de los agentes sociales, que no está garantizada hoy en Castilla y León”, advirtió, apuntando que, con la disolución del Serla, “los trabajadores que quieran ejercer su derecho a la huelga no lo pueden hacer” al no existir una mediación previa, “algo que supone una vulneración de un derecho fundamental”.
Al mismo tiempo, insistió que el Gobierno tiene muy claro que se está vulnerando la legislación y que no se puede sustituir el Serla por el Servicio de Mediación SMAC, según se recoge en una sentencia del Tribunal Supremo, por lo que reclamó a Mañueco que “cumpla con la legalidad vigente” y recupere con “prontitud” un servicio que es fundamental para la sociedad. “Lo que está pasando en Castilla y León es muy grave y no se puede justificar por razones de financiación”, sentenció.
De hecho, Díaz afirmó que, dentro de las políticas públicas del Ministerio de Trabajo y Economía Social que ella dirige, “existen ayudas para favorecer la negociación colectiva” de las que Castilla y León recibió el año pasado medio millón de euros, que si no se usan “tendrán que volver al Estado” dado que la Junta, por el momento, “se niega a ejecutar los programas a los que está obligada y ni siquiera licita la convocatoria”.
Es por todos esos motivos por los que la vicepresidenta del Gobierno apuntó que si la Junta no restaura el Serla, el Gobierno de España tomará “todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos y la igualdad de los castellanos y leoneses”, apostando en primer lugar por el diálogo pero, en caso de no producirse acuerdo, sostuvo que el Gobierno acudirá a los tribunales.
Tercera llamada sin respuesta
Previamente, Díaz sostuvo que se están intentando agotar todas las vías de diálogo. Así, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social aseguró que hace “seguimiento diario” de lo que está pasando, tanto con los agentes sociales, sindicatos y patronal, con los que hoy mantuvo una reunión “absolutamente positiva” en Valladolid “en defensa de la Constitución Española y el Diálogo Social” que aseguró que en Castilla y León es “referencia a nivel nacional e internacional”, como con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
Díaz apuntó así que ha mantenido dos conversaciones telefónicas sobre la cuestión con el máximo mandatario de la Comunidad, y que en ellas Mañueco fue “amable” y le dijo que “lo iba a estudiar”, pero en un tercer intento realizado por la vicepresidenta del Gobierno, el líder autonómico “ni siquiera cogió el teléfono”, algo que Díaz lamentó ya que “los presidentes autonómicos deben cogerle el teléfono a todo el mundo”, además de “cumplir la legalidad vigente y resolver los problemas de sus ciudadanos”.
Por ello, pidió Díaz a Mañueco que “se ponga a la altura de su Comunidad y ejerza de presidente, garantice la legalidad vigente y no corra riesgos, porque está perjudicando a sus conciudadanos al dejar dinero público de los españoles sin ejecutar”, algo que la vicepresidenta del Gobierno calificó como “muy grave”.
“Mañueco sabe como yo que existe una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 sobre esta cuestión, que está vulnerando la legislación vigente y que está haciendo un daño brutal a las empresas y a los trabajadores de su Comunidad”, concluyó Díaz, afirmando que “lo que tiene que hacer, como presidente de su autonomía, es decirle a sus conciudadanos que va a reponer este servicio”.